EL PERDÓN

DIARIO CÓRDOBA, 23-4-2012

Siempre me ha fascinado como el catolicismo resuelve las consecuencias generadas por contravenir sus reglas.

A través de la confesión, el individuo logra superar el bache y puede recomenzar. Es decir, queda liberado de la carga y con las puertas abiertas para una nueva infracción. De esta manera, y aunque pueda resultar paradójico, el catolicismo ha contribuido a generar una sociedad de pecadores que van sumando faltas, cosidas entre sí a través de sucesivos actos de contrición y absorbidas por un olvido que ayuda a convertir la irresponsabilidad en norma de conducta. Todo ello, obviamente, tiene unas repercusiones sociales y políticas que determinan las singularidades que por ejemplo la vida pública tiene en aquellos países de asentada cultura católica.

Pensaba en el flaco favor que los confesionarios han hecho a lo largo de la historia al sentido cívico de la convivencia, mientras veía la cara compungida de nuestro monarca y escuchaba sus medidas palabras de arrepentimiento, ese sentimiento cuya utilidad queda en suspenso hasta que los acontecimientos nos dan oportunidad para demostrar que efectivamente estamos dispuestos a actuar de manera distinta ante una situación similar.

Y lo hice porque a mí, a diferencia de la sospechosa unanimidad de todos los medios de este país, tan institucionales y tan escasamente generadores de conciencia crítica, me supieron a poco y no hicieron sino agrandar mi indignación. Aun reconociendo lo excepcional de que en nuestra vida política alguien pida disculpas por sus errores, las palabras del Borbón me parecieron más cercanas a la seducción chantajista de un niño pillado en falta que al propósito de enmienda que debería suponer la sujeción de la Monarquía a las exigencias de un Estado de Derecho. Desde la asunción de que, a diferencia de los restantes poderes del Estado, el Rey carece de una renovada "legitimidad de origen" y requiere legitimar constantemente su posición a través del ejercicio de sus funciones. Algo que, de manera muy especial, incidirá en la mayor o menor fortaleza de un Príncipe de Asturias que carece de las razones históricas que le otorgaron a su padre una legitimidad hasta ahora no cuestionada.

Lo cual, por cierto, podría empezar a cambiar porque ya comienzan a sumarse generaciones de españoles, entre ellos yo, que no votamos en el 78 y a los que por tanto nos gustaría tener la posibilidad de elegir qué sistema constitucional queremos. Todo ello, además, en un contexto de dificultades excepcionales, en el que los gobernantes no dejan de exigirnos sacrificios y en el que vemos como cada día se traicionan los principios del Estado social y democrático de Derecho. Bajo el palio de un neoliberalismo que, de rebote, provoca la multiplicación del miedo y con él de actitudes reaccionarias.

Es tiempo pues de política y no de perdones. Es decir, de aferrarnos más militantes que nunca a la lógica del Estado de Derecho y, por tanto, a la primacía de las normas para controlar los desmanes de unos poderes que no pueden subsanar sus errores con un lo siento televisado. Es el momento de exigir responsabilidades y de que, en paralelo al esfuerzo que a la ciudadanía se nos impone, los poderes públicos superen el facilón arrepentimiento. En caso contrario, el peso de la ley debería caer sobre ellos. Tal y como debería hacerlo sobre el obispo de Alcalá que seguramente perdonará en su confesionario al chico gay que le relate sus pasiones pero sobre el que deberíamos aplicar las normas penales que persiguen la homofobia. Porque, no lo olvidemos, en un Estado constitucional mientras que la homosexualidad es una proyección de la igual dignidad de los individuos, la homofobia no admite perdón. Es decir, es una actitud que no cabe en un sistema que, a duras penas en nuestro país, trata de diferenciar la ética cívica que sustenta el Derecho de las morales particulares que dictan dioses patriarcales y heteronormativos.