LO INDECIDIBLE QUE NO

DIARIO CÓRDOBA, 29-8-2011

A estas alturas de su decadencia, parecía imposible que Zapatero pudiera sorprendernos con otra de las ocurrencias que, sobre todo en su segundo mandato, han caracterizado su liderazgo errático. Sin embargo, tras el esperado anuncio del adelanto electoral, todavía ha tenido tiempo para poner en marcha una propuesta controvertida, hasta cierto punto innecesaria y que, sobre todo, coloca a su partido en una difícil tesitura frente al 20N.

La propuesta de reforma para introducir en nuestra Constitución un techo para el endeudamiento público genera muchas dudas en cuanto a su oportunidad y, sobre todo, pone al descubierto la grave erosión que está sufriendo nuestro Estado social y democrático de Derecho. Hace ya tiempo que venimos constatando el progresivo adelgazamiento de la soberanía estatal, agudizada desde nuestra incorporación a la UE y maximizada por un contexto globalizado en el que los Estados, muy especialmente los más débiles, pierden protagonismo. La actual crisis económica es la muestra más evidente de la incapacidad de la Política y el Derecho para poner freno a unos poderes económicos que se rigen por la ley de la selva. Esa es la gran tragedia de los sistemas constitucionales, pero también la de una Unión Europea que sigue siendo incapaz de tener una voz propia que defienda los principios políticos en los que proclama basarse.

Aunque la reforma prevista haya de seguir el procedimiento del art. 167 CE, el cual no exige referéndum salvo que lo solicite una décima parte de los diputados o senadores, el añadido es de tal calado que debería posibilitarse que la ciudadanía fuera partícipe de una modificación que puede condicionar las políticas de un Estado Social que está asistiendo a su propio funeral. Unas exequias oficiadas por una izquierda que le dan la razón a una derecha legitimada por una realidad en la que parece no haber espacio para la utopía de la igualdad.

Varias razones avalan la necesidad de la participación ciudadana en la reforma del art. 135 CE. En primer lugar, por la incidencia que los límites del endeudamiento público pueden tener en la efectividad de muchos de nuestros derechos, muy especialmente en los sociales, esos que deberían constituir en una democracia, y en palabras de Ferrajoli, la esfera de “lo indecidible que no”. La fijación de ese techo puede convertirse en el argumento más sólido para unas políticas liberales que entiendan que el Estado debe lavarse las manos y que ha de ser el mercado el que condicione el disfrute de bienes y derechos. Frente a este riesgo, sólo nos puede salvar la nula eficacia jurídica de una previsión que no prevé ninguna consecuencia en el caso de su incumplimiento.

En segundo lugar, y en un momento de indignación ciudadana creciente y de reclamación urgente de una democracia más participativa, parece  un gesto de chulería institucional acometer una reforma de nuestra Carta Magna a la que la ciudadanía asistirá como convidada de piedra.  Una indignación que se multiplica si tenemos en cuenta que en más de 30 años nuestros partidos han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre reformas mucho más necesarias y urgentes. Una vez más, la democracia de partidos le gana la partida a la soberanía popular.

Finalmente, y desde una lógica meramente partidista, tampoco podemos obviar los efectos que esta propuesta tendrán en el seno del PSOE y en el proceso electoral ya iniciado. Una vez más, y van no se cuántas, se le ha abierto camino a una derecha que, con pocos méritos que la avalen, se hará con el poder gracias a las torpezas del gobierno. Y es que en una España que ha vuelto a vestirse de mantilla, tal vez porque nunca llegó a quitársela del todo, el socialismo ha vuelto a traicionarse, olvidando que los “poderes salvajes”  acaban siempre humillando a los más débiles. Una puerta que, de ninguna manera, debería abrirse en nuestra Constitución.