LA DIMISIÓN DE CAMPS

En un sistema democrático como el nuestro, en el que progresivamente parece haberse  relajado la ética de la responsabilidad, es tan inusual que un político dimita que la noticia de ayer por la tarde supuso una sorpresa frente a la que, en un primer momento, era muy complicado realizar valoraciones.

Desde una óptica institucional y de partido, era la única salida que le quedaba a un Presidente que debía sentarse próximamente en un banquillo, lo cual podía además coincidir con plena campaña de unas elecciones en las que el PP parece llevar las de ganar. Desde esta posición es evidente que al PP le va a venir muy bien este gesto para darle la vuelta a los argumentos y vendernos a Camps como un ejemplo y casi como un "mártir".

Como ciudadano no tengo nada clara la profundidad de las tramas de la Comunidad Valenciana, y tampoco si el pecado de Camps se limitó a aceptar unos regalos. Y no lo tengo claro entre otras cosas porque los medios de comunicación, en vez de procurar explicarnos las situaciones de manera objetiva, se pierden en las luchas partidistas y, por tanto, enredan más que aclaran.

Lo que no tengo la menor duda es de dos cosas, por más que la rotunidad de mis argumentos de hoy me hagan sentirme culpable de acercarme peligrosamente a los de medios tan lejanos de mí como Intereconomía y similiares. Por una parte, tengo la impresión de que en comparación con lo que está pasando en otros contextos políticos el "vicio" de Camps es casi una ridiculez. Cómo me gustaría que se investigara con precisión todas las irregularidades que el "régimen" del PSOE ha cometido en Andalucía en los últimos 30 años..., por ejemplo.

Por otra, y dicho lo anterior, creo que cualquier representante público, ante la menor sospecha, ante la menor duda, debe dejar su cargo y posibilitar que la justicia siga su curso sin interferencias políticas. Y debe hacerlo por decencia y por ejercicio de responsabilidad con respecto a sus electores. La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero en el caso de los cargos públicos yo entiendo que sus dimensiones son distintas porque, junto a la persona, se está cuestionando la parcela de poder público que, en nombre nuestro, ocupa. Por ello lo único que más me indigna del asunto Camps es que tanto él, como el PP hace unos meses, apoyara que él fuera el candidato cuando era previsible que en unos meses se abriera el juicio oral. El oportunismo político nunca debería justificar acciones que inciden en el interés general. Pero, ay, eso es como pedirle a los partidos que obedezcan el mandato de democracia interna que les exige la Constitución...