En 2021 España se convirtió en uno de los pocos países del mundo que amparan nuestra capacidad de autodeterminación con respecto al final de nuestra vida. La LO 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias de 2023, regula de manera muy garantista el procedimiento a seguir para ejercer el derecho a pedir ayuda para morir, sometiéndolo a unos requisitos muy estrictos y a una doble instancia, médica y administrativa, como dique de contención frente a posibles abusos o comportamientos arbitrarios. La decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación, que es la encargada de verificar si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo. Es este punto el que ha dado lugar a tensiones jurídicas que evidencian las carencias de una ley manifiestamente m...
Cuaderno de bitácora de Octavio Salazar Benítez