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LAS MADRES DE LA CONSTITUCIÓN


Las mujeres apenas son visibles en la Constitución española. Solo aparecen nombradas  cuando se regula el derecho al matrimonio (art. 32) y cuando se establece la obligación de proteger a las madres (art. 39), a lo que hay que añadir el lugar discriminatorio en el que las sitúa el orden sucesorio de la Corona (art. 57).  Todo ello en el marco de un pacto social articulado sobre un modelo jurídico patriarcal y androcéntrico que, como bien deja claro el lenguaje usado en el texto, nos sitúa a los hombres en el paradigma de una ciudadanía hecha nuestra imagen y semejanza. Las escasas mujeres que en 1978 participaron de un poder constituyente masculinizado, y a las que hace apenas unos años al fin pusimos rostro gracias a la película Las constituyentes de Oliva Acosta, poco pudieron hacer por darle la vuelta a un contrato social que continuó arrastrando los lastres del contrato sexual que durante siglos han servido para convertirlas a ellas en eternas subordinadas.

Por supuesto que en estos 40 años la sociedad española ha evolucionado y también un ordenamiento jurídico que, no sin dificultades, ha ido incorporando como uno de sus valores esenciales la igualdad de mujeres y hombres. Y es de justicia reconocer y valorar que esta transformación ha sido y es posible gracias al permanente compromiso de tantas y tantas mujeres que no han dejado de pelear por un mundo en que al fin ellas y nosotros seamos sujetos equivalentes. No estaría mal pues que coincidiendo con este aniversario hiciéramos visibles e incorporásemos a nuestra frágil memoria todas esas mujeres que antes del 78 pero también después han jugado un papel esencial para que nuestra democracia se convierta en un régimen político digno de tal nombre. Unas mujeres que, por supuesto, deberían estar presentes de manera paritaria en el poder que emprenda la necesaria y urgente reforma constitucional que las reconozca al fin como ciudadanas de primera. Un objetivo que requiere, lógicamente, que los partidos políticos, los viejos y los nuevos, dejen de obedecer a los pactos viriles que son los que verdaderamente dan y quitan poder.

Porque más allá de las reformas territoriales e institucionales, necesitamos un texto constitucional gestado por padres y por madres, y que apueste por la paridad como uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. Desde dicho principio hemos de superar los lastres de un modelo de ciudadanía que todavía no ha incorporado a su esencia política todo lo vinculado con la vida privada, los cuidados o lo que podríamos llamar el orden amoroso de la vida. Necesitamos un nuevo acuerdo de convivencia que nos permita revisar espacios y tiempos, poderes y responsabilidades. Y, para ello, entre otras cosas, necesitamos tener un Estado social fuerte y sin sesgos de género, además de, por supuesto, unas estructuras económicas que no sigan alimentando las desigualdades. Es decir, la igualdad efectiva pasa por superar un modelo económico basado en la concepción depredadora del sujeto protagonista, así como por ir más allá de una concepción de la libertad que sobre todo permite que los poderosos puedan convertir sus deseos en derechos. Unas exigencias que se vuelven más dramáticas que nunca en un contexto global en el que impera la ley del mercado, no la del más débil.

Ante este reto, que supone entre otras cosas poner frenos a los “poderes salvajes” que diría Ferrajoli, pienso que el feminismo es el único pensamiento que, uniendo teoría y práctica, es capaz de imaginar otros mundos y de ofrecernos respuestas en clave emancipadora.  Me temo que solo con la liberación que desde él se propone, y que alcanza tanto a  los cautiverios de las mujeres como a los barrotes de la masculinidad hegemónica, podrán ponerse diques a todos los fundamentalismos que nos rodean. Un feminismo también jurídico que dispone de nuevos métodos y de nuevas palabras para gestar una Constitución en la que al fin ellas dejen de arrastrar los condicionantes del sistema sexo/género. Solo así podremos alcanzar eso que el Preámbulo de la Constitución vigente denomina “sociedad democrática avanzada”. Y sólo así será posible una justicia social que pasa por hacer de la identidad, la redistribución y la participación los tres ejes sobre los que convertir en realidad política la dignidad que a todas y a todos nos corresponde. Nos va la democracia, o sea, el futuro, en ello.


* Publicado en el especial de Diario Córdoba sobre los 40 años de CE, 6-12-18:





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