NUESTRA MEZQUITA

Las fronteras indecisas
Diario Córdoba, 3-3-2014

Después de 35 años de sistema constitucional todavía sigue pendiente en nuestro país la transición a un régimen aconfesional que es el que mejor puede hacer compatibles libertad de conciencia, igualdad y pluralismo. Ello pasa por asumir definitivamente la neutralidad del Estado en materia religiosa, así como el carácter de las confesiones como "clubes privados". Es decir, como entidades compuestas por fieles que voluntariamente acatan sus dogmas y reglas, que se organizan en torno a una determinada cosmovisión y que además la proyectan en una dimensión colectiva y ritual. Constituyen por tanto, al igual que otros muchos colectivos ciudadanos, expresión no solo de la libertad de conciencia sino también del derecho de asociación. En virtud de ellos los poderes públicos podrán establecer con ellas un determinado régimen de cooperación que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de igualdad y pluralismo. Algo que nuestro modelo de "confesionalidad encubierta" está lejos de garantizar y que el "laicismo cooperativo" extendido en estas décadas ha convertido en una jerárquica escala de creencias y confesiones.

El debate planteado en las últimas semanas en torno la Mezquita de Córdoba nos lleva jurídicamente a esa llaga de nuestro sistema. Y ello porque los artículos, de procedencia franquista, de la normativa hipotecaria en virtud de los cuales el Cabildo inmatriculó a su nombre en el Registro la "Santa Iglesia Catedral" son claramente inconstitucionales. Lo son porque equiparan a la Iglesia Católica con una Administración y a los diocesanos católicos con funcionarios. Dos previsiones que chocan frontalmente con la aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE), además de incidir en el principio de igualdad con otras confesiones, y que, por lo tanto, deberían entenderse derogados por inconstitucionalidad sobrevenida.

No se trata por tanto de una cuestión ideológica, ni de una reivindicación que pretenda avivar el fuego del frentismo que tanto gusta en nuestra ciudad, sino que estamos ante una cuestión de legitimidad constitucional y que por tanto demanda resolverse de acuerdo con los principios que presiden nuestro ordenamiento jurídico. El cual, insisto, sigue lastrado, gracias a la acción y la omisión tanto de gobiernos de derechas como de izquierdas, por una concepción confesional de las relaciones del Estado con las confesiones y del lugar de éstas en el espacio público.

Ahora bien, junto al debate jurídico late además la tensión cívica que en buena lógica se despierta en muchos que pensamos que la Iglesia no debería apropiarse ni material ni simbólicamente de un espacio que no es solo una catedral y cuya riqueza reside en la interculturalidad que representa y en la memoria que desde hace un tiempo algunos pretenden hacer invisible. Ese ejercicio de prepotencia y autoritarismo, además de ceguera intelectual y empática, no debería ser permitido en una democracia en la que ninguna confesión debería equipararse con un poder público ni disfrutar de prebendas de manera exclusiva. Algo que clama al cielo, y nunca mejor dicho por la cobertura divina que para algunos representa, en una ciudad a la que se le llena la boca, muy especialmente a sus representantes, de diálogo interreligioso y ejemplo de convivencia de los diferentes. Un discurso, me temo, que es solo eso, discurso que se lanza desde los púlpitos de lo políticamente correcto. Algo además que la jerarquía católica, que no todos los católicos, se empeña en desmentir haciendo uso del sentido literal de "tolerancia", es decir, asumiendo que ella es la que está en posesión de la verdad y que desde esa posición de poder tolera o soporta graciosamente a los que no comparten su criterio. Nada más lejano de lo que debería ser el diálogo de las múltiples cosmovisiones que habitan en nosotros y de las que la Mezquita, en la que también por supuesto reside y debe seguir haciéndolo un templo católico con sus correspondientes ritos, debería ser un símbolo gestionado, eso sí, por quienes nos representan a todas y a todos.