Columna Radio Córdoba, 26-11-2012 La anunciada subida de las tasas judiciales representa un ejemplo flagrante de cómo la gestión de la crisis económica se está realizando a costa de las que habíamos considerado conquistas irrenunciables de los Estados democráticos. Con dicha medida, cuya constitucionalidad es más que dudosa, se pone en peligro la efectiva protección de nuestros derechos o, mejor dicho, se establece una doble categoría de ciudadanos en función de nuestra capacidad económica. Estamos asistiendo al progresivo derrumbe de los principios esenciales de un Estado de Derecho – el control del poder y las garantías de los derechos -, los cuales se convierten en gaseosos ante la solidez de los intereses económicos de unos pocos. La terrible consecuencia de esta perversión es el imparable aumento de las desigualdades así como de la vulnerabilidad de los más débiles. De esta forma, no sólo se está traicionando el espíritu y la letra del constitucionalismo sino ...
Cuaderno de bitácora de Octavio Salazar Benítez