SUSPENSOS EN EDUCACIÓN

Desde hace algunos años no necesito el informe PISA para certificar el pobre nivel formativo con que llega el alumnado a la Universidad. Cada curso compruebo cómo los chicos y las chicas que llegan a mi Facultad a duras penas saben expresarse oralmente y por escrito, cómo carecen de buena parte de los conocimientos de eso que antes se llamaba «cultura general» y, en consecuencia, no dejo de preguntarme cómo han superado el bachillerato y la selectividad. Todo ello por no hablar del escaso interés que en general muestran por todo lo público, de lo difícil que es mantener su atención más del tiempo que dura un videoclip o de lo complicado que les resulta construir argumentaciones que superen los 140 caracteres. Es decir, no hace falta convocar un comité de expertos para comprobar la carencia de habilidades y destrezas, así como de unas actitudes mínimas para ser partícipes activos de un proceso de aprendizaje tan lleno de aristas como es el de las Ciencias Jurídicas.

Creo, sin embargo, que las conclusiones que se extraen de datos como los hechos públicos hace unos días, y según los cuales Andalucía no sale bien parada, pecan con frecuencia de superficialidad, además de que son ideales para ser usados en la lucha política de adversarios. Es evidente que la brecha Norte/Sur sigue siendo real y provoca nefastas consecuencias en terrenos como el educativo. Por lo tanto, y de entrada, no estamos solo ante un problema de qué, cómo y quiénes enseñan a nuestros hijos e hijas sino en qué contexto social y económico nos desenvolvemos. Desde este punto de partida, es necesario por supuesto hacer un análisis crítico, y a ser posible constructivo, de nuestro sistema educativo. No hace falta insistir en la inseguridad generada por los continuos cambios legislativos, ni en los escasos recursos que hoy por hoy se siguen aplicando a un ámbito en el que los resultados no se ven a corto ni medio plazo, por lo que es evidente que no merecen el interés prioritario de unos representantes empeñados en vender logros rentables electoralmente. Faltan recursos y continúan faltando políticas educativas que incidan no solo en lo que se enseña, sino también en cómo se enseña y también en quiénes lo hacen. El magisterio, a diferencia de lo que ocurre en otros países, continúa siendo una profesión poco valorada social y económicamente, a la que con frecuencia acuden jóvenes sin especial vocación por la enseñanza y a quienes además no se les exige especiales cualidades. Doy clase en un máster donde buena parte del alumnado procede de Ciencias de la Educación y mis sensaciones son de auténtico horror cuando compruebo su escaso nivel y las limitadas capacidades de quienes van a encargarse de formar a la futura ciudadanía. Una labor tan clave en una democracia que debería llevar a exigir a los maestros y a las maestras una formación tan rigurosa, especializada, práctica y puesta al día como la que le exigimos por ejemplo a nuestros médicos y médicas. Tal vez aún no seamos conscientes de que nos va la salud de la democracia en ello.

Ahora bien, todo lo anterior no debería hacernos olvidar las responsabilidades que en estos procesos tienen el resto de agentes socializadores – algún día tendríamos que analizar seriamente el papel de los medios de comunicación en buena parte de los males que nos corroen como sociedad - y, muy especialmente, las que padres y madres deberíamos asumir desde el compromiso que debería suponer no solo velar por la salud física de nuestros descendientes sino también por la mental, por su inteligencia emocional y por sus habilidades éticas para convertirse en ciudadanos y ciudadanas de primera. Si esto falla no hay ley ni política educativa que lo subsane. Algo que parecen olvidar los autores de PISA y buena parte de las madres y los padres que no tienen clara la diferencia entre instruir y educar.

Las fronteras indecisas, Diario Córdoba, 12-12-16:

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/suspensos-educacion_1105762.html