En 2021 España se convirtió en uno de los pocos países del mundo que amparan nuestra capacidad de autodeterminación con respecto al final de nuestra vida. La LO 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias de 2023, regula de manera muy garantista el procedimiento a seguir para ejercer el derecho a pedir ayuda para morir, sometiéndolo a unos requisitos muy estrictos y a una doble instancia, médica y administrativa, como dique de contención frente a posibles abusos o comportamientos arbitrarios. La decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación, que es la encargada de verificar si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo. Es este punto el que ha dado lugar a tensiones jurídicas que evidencian las carencias de una ley manifiestamente m...
Siempre que llega el mes de junio y compruebo que el Día del Orgullo, como lleva sucediendo desde hace algunos años, tiene más de celebración que de vindicación, pienso en cómo nuestra falta de memoria es parte esencial en la desactivación política de unos colectivos que parecen no haber aprendido todavía que las conquistas de derechos nunca son definitivas. Que los derechos humanos no son sino procesos de lucha por la dignidad que, en cualquier momento, pueden verse estancados o incluso sufrir una regresión, como bien nos demuestra la historia. Pareciera que nos hubiéramos conformado con una igualdad formal y con, en definitiva, asumir los patrones de comportamiento y las referencias de lo exitoso que una sociedad, todavía profundamente heteropatriarcal, nos vende como promesas de felicidad. Un contexto en el que fácilmente olvidamos cómo inciden en las vidas reales de las personas los condicionantes de clase, las comunidades culturales de pertenencia o las precarias expectativa...